El juez ve indicios racionales de criminalidad muy «llamativos» cometidos entre 2003 y 2008 en el seno del Ayuntamiento de Estepona. Así, en un primer gran bloque, queda supuestamente acreditado que en el ámbito de la contratación administrativa «las adjudicaciones de contratos en un número elevadísimo eran a dedo». Además, «se prescindía de las vías legales y del procedimiento establecido, bien partiendo contratos, adjudicándose a entidades con pocas solvencia económica o a entidades recién constituidas que además presentaban la oferta menos ventajosa para el Ayuntamiento». También se hacían, dice el instructor, «paripés o pantomimas para aguardar apariencias y darse a quien finalmente se pretendía y que es lo que ocurrió con el tema de la renovación de chiringuitos, la remodelación del Palacio de Congresos, la adjudicación del Congreso Mundial de Agencias de Noticias, que empieza a trabajar meses antes –grupo Drive Music–, incluso antes de que se le concediera el contrato, y así un largo etcétera...». Otro bloque es la financiación irregular del PES y del PSOE, que se denota de los pagos efectuados por entidades con intereses urbanísticos pendientes en Estepona y con el abono de conciertos y en efectivo de «cantidades escandalosas, hasta con billetes con valor facial de 500 euros. El juez habla de tres cajas en el Ayuntamiento: la A, que son las actuaciones fiscalizadas; la B, patrocinios, donaciones, etcétera... pagadas por personas con intereses urbanísticos; y la C, regalos y dinero abonados por personas relacionadas con el Ayuntamiento y que financiarían las campañas (televisores, viajes, relojes, prostitutas, transferencias).
El juez apunta al área de Urbanismo, como el epicentro de los hechos investigados y en ese sentido señala que durante el citado periodo se incoaron 1.056 expedientes de disciplina urbanística, de los que 867 eran de restablecimiento del orden jurídico perturbado. De estos, 846 caducaron. Durante el periodo investigado, de los 212 expedientes sancionadores el Ayuntamiento solamente cobró cinco, con lo que dejó de percibir más de 43 millones de euros. En la causa también se analiza el supuesto daño sufrido por el Ayuntamiento de Estepona por convenios urbanísticos en los que los derechos municipales habrían sido valorados a la baja. En ese sentido, durante la instrucción se estudiaron 38 convenios. En sólo siete de ellos el juez estima el perjuicio para las arcas municipales en 20 millones de euros.
Se encargaba de vender los aprovechamientos urbanísticos a empresas. La UDEF afirma que era uno de los beneficiados del dinero negro que se manejaba a través de la caja C que se usaba en el Ayuntamiento.
Esposa del ex-concejal de Hacienda Francisco Zamorano. Los investigadores señalan que en 2005 y 2006, Lauzavi S.L., de la que es administradora única, recibió ingresos por importe de 779.982,59 euros de sociedades con intereses urbanísticos como Aedificat 2002 S.A., sociedad de Holding Valle Romano, que ingresó 118.320 euros; S&B Abogados 2000 S.L., vinculada a Juan Simón, que ingresó 218.594,39 euros, y los 166.549,2 euros que aportó Zabalgune Abogados S.L. Además, de los 779.982,59 euros, 42.359 euros fueron ingresados por la Empresa Municipal de la Vivienda de Estepona en concepto de arrendamientos de inmuebles.
La policía considera que constituía una "pieza clave" del engranaje de intereses creados en Estepona, "donde se confundía lo público con lo privado". Está implicado por utilizar su empresa, Crestasub, para financiar gastos de campaña del PSOE "por el procedimiento de simular y facturar servicios inexistentes a empresas del grupo Valle Romano".
Cuñado de Manuel Reina. La empresa multiplicó por 18 sus ingresos en los dos primeros años en los que Reina ocupó la concejalía de Hacienda. Según datos de la Agencia Tributaria, pasó de facturar 16.870 euros en 2003, a 291.831 euros en 2005.